A medida que sus efectos se hacen más perceptibles, la amenaza del cambio climático ha comenzado a perder el halo abstracto que tuvo hasta hace poco y a generar una considerable preocupación social y política a nivel internacional, y particularmente en la Unión Europea. En pocos años hemos visto cómo emerge un amplio consenso acerca de la necesidad de realizar una transición energética hacia un modelo renovable y hemos asistido a la firma del histórico Acuerdo de París para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
La política española no ha estado sin embargo a la altura de estos cambios sociales, al menos hasta la fecha. Después de una verdadera década perdida, paralizados por la crisis, por las políticas de austeridad y por la incapacidad de la derecha española para comprender un problema que cae muy lejos de sus coordenadas políticas, vemos que en lugar de reducir nuestras emisiones, estas crecieron en España un 4,4% en 2017 respecto al año anterior. Es el mayor incremento desde 2002.
Por todo ello, en el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos hemos desarrollado una Proposición de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que contiene un plan integral para reorientar por completo el rumbo de nuestra política climática.
La propuesta es amplia y transversal, dado que la magnitud del desafío así lo exige: la descarbonización de nuestra economía y las medidas de adaptación a los ya irremediables efectos del cambio climático no podrán desarrollarse a través de reformas legislativas atomizadas y políticas climáticas superficiales. Al contrario, hacer frente al cambio climático requiere una transformación profunda de nuestro modelo productivo y de nuestro sistema socioeconómico.
Así, planteamos ambiciosos objetivos de reducción de emisiones, de penetración de renovables y de eficiencia energética en los horizontes de 2030, 2040 y 2050; planes específicos de desarrollo de energías renovables y de impulso a la eficiencia energética; un sistema de presupuestos de carbono desglosados por sectores; el cierre de las centrales térmicas de carbón antes del fin de 2025 y la prohibición de renovar los actuales permisos de explotación de las nucleares (y de conceder nuevos permisos); medidas para la democratización del sistema eléctrico, entre las que se incluyen la municipalización de las redes de distribución, la eliminación del «impuesto al sol» y una regulación que permita el despegue del autoconsumo renovable; el fin de los beneficios caídos del cielo del oligopolio eléctrico; asimismo, se contempla un endurecimiento de los criterios que permiten acceder a las «puertas giratorias». Estos son solo algunos ejemplos entre las muchas medidas contenidas en la propuesta, que articulan en conjunto un plan coherente que abarca los sectores más relevantes.
La transformación que proponemos interpela a capas de la sociedad que van mucho más allá de los tradicionales ámbitos ecologistas. Esta ley va más lejos, y aspira a constituirse en una de las bases sobre las que construir el nuevo país que queremos, poniendo en el centro las preocupaciones más inmediatas de la mayor parte de la ciudadanía.
Por ejemplo, la imprescindible transición energética hacia un modelo basado en renovables y en la eficiencia energética (muy especialmente la rehabilitación energética de viviendas), permite conjugar el desarrollo de la actividad económica con la reducción de emisiones. Abre además la puerta a la creación de cientos de miles de empleos de calidad en sectores de alto valor añadido, que redundarán en un beneficio colectivo ya que contribuirían a aumentar la soberanía energética española y a mejorar nuestra balanza comercial.
Por otro lado, nuestra Proposición de Ley afronta un hecho fundamental y a menudo obviado interesadamente: existe una profunda asimetría entre la minúscula élite de beneficiados por el actual sistema económico y energético, y la creciente mayoría de personas que sufren los impactos cada vez más severos del cambio climático. Esta asimetría convierte al problema del cambio climático en uno de los principales generadores de desigualdad de nuestro tiempo. En consecuencia, de las muchas transiciones posibles, la nuestra impone el objetivo de reducir esta desigualdad y de evitar que el esfuerzo de las transformaciones necesarias acabe recayendo en los más débiles, casi siempre los menos responsables del problema.
Este principio de justicia climática atraviesa toda la propuesta, desde una reforma fiscal ambiental progresiva hasta medidas destinadas a acabar con la pobreza energética, pasando por el diseño de Planes de Transición Justa que garanticen empleos locales en los sectores que puedan verse afectados por la transformación del modelo energético y productivo.
Somos conscientes de las dificultades a las que se enfrenta un proyecto como este, que precisa de importantes y amplios consensos, pero creemos que la dimensión actual del problema climático exige ambición y valentía. Si hemos de superar la parálisis actual y romper el círculo de impotencia que se ha creado en torno a un problema que a menudo se presenta como irresoluble, es necesario mostrar que existe una salida realista y que podemos comenzar a caminar hacia ella. Por eso planteamos esta propuesta y emplazamos al Gobierno y al resto de grupos parlamentarios a apoyarla.
(Artículo publicado en 20minutos.es por Juantxo López de Uralde, Josep Vendrell, Txema Guijarro, Eva García Sempere y Antón Gómez Reino)
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