«Si vuestra casa estuviera en llamas no diríais que tenéis la situación bajo control y dejaríais las condiciones de vida del futuro de todas las especies en manos de inventos que todavía tienen que ser inventados. Dejaríais vuestras diferencias a un lado y empezaríais a cooperar».
Este llamamiento de Greta Thunberg a los eurodiputados el pasado abril podría ser premonitorio.
Las cosas más importantes de la vida no se consiguen a la primera. Pero con esfuerzo y perseverancia, acaban saliendo. Por primera vez desde la República, España tendrá un Gobierno de coalición. Ahora está todo por hacer. Toca construir un proyecto social, verde y feminista, enfocado en disminuir las desigualdades que han causado tanto daño tras la crisis económica.
En política ecologista, este Gobierno tiene muchas tareas que no pueden esperar. Los años de gobierno de Partido Popular y sus severas políticas de austeridad han tenido graves consecuencias sociales, convirtiendo a nuestro país en uno de los más desiguales de la Unión Europea. La premisa de la lucha contra la crisis económica se ha utilizado para reducir los derechos sociales, pero también se ha usado para desmontar las leyes de protección ambiental que teníamos en España. Desde que llegó al Gobierno, el PP acometió una durísima contrarreforma modificando todas las leyes que habían constituido la arquitectura legislativa de protección ambiental en nuestro país.
Por eso, desde el punto de vista de las políticas ecologistas, nos la jugábamos al todo o a la nada. A la constitución de un Gobierno y una mayoría parlamentaria capaz de hacer frente a estos problemas, o a una derecha que, aún hoy, sigue negando la realidad del cambio climático.
Para empezar, es urgente poner en marcha definitivamente una imprescindible y esperada ya ley de cambio climático y transición energética, con objetivos ambiciosos para conseguir la neutralidad climática en el año 2040.
El consenso científico es abrumador. 2019 ha sido el segundo año más cálido desde que se hacen mediciones, y la temperatura media de los últimos cinco años ha sido entre 1,1 y 1,2° C superior al nivel preindustrial según lo definido por el IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
La Península Ibérica es una de las zonas más vulnerables al cambio climático. Aquí las temperaturas medias han aumentado ya un 1,5º, el límite que la comunidad científica determina que en ningún caso debemos superar. Los veranos se han alargado cinco semanas desde los años ochenta, ha desaparecido el 90% de los glaciares pirenaicos y el 75% del territorio está en riesgo de convertirse en un desierto a finales de siglo…
Todo ello, con unos impactos económicos y sociales que serán cada vez más graves. Los sectores productivos, en especial sector primario, y la conservación de la biodiversidad y de los territorios marinos y terrestres, se están viendo afectados. El aumento de las temperaturas intensifica la frecuencia y la virulencia de los fenómenos meteorológicos extremos…
Por eso necesitamos cuanto antes un marco jurídico que impulse la hoja de ruta para descarbonizar la economía. La reciente Cumbre del Clima constató la gran brecha entre los gobiernos, especialmente de los grandes contaminadores, y la sociedad civil, particularmente los más jóvenes, que reclama medidas urgentes para salvar el clima.
Aunque la derecha y la ultraderecha española sigan instaladas en la indiferencia y en el negacionismo a partes iguales, el calentamiento global es la principal amenaza para el ser humano en la actualidad. Estamos en medio de una emergencia climática sin precedentes.
Ya hemos demostrado que se puede. Ahora no tenemos ni un minuto que perder… ni otro planeta (y no hay vida en un planeta muerto) que dejarles a todos esos jóvenes que nos reclaman acción climática urgente.
[Artículo publicado en El Siglo de Europa]
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