Hace unos meses presentamos en el Congreso una Proposición de Ley cuyo objetivo es la ampliación a los animales salvajes de la protección en el Código Penal frente al maltrato animal. Ahora mismo los animales salvajes están explícitamente excluidos de dicha protección. Esta propuesta tan necesaria viene al caso de los múltiples episodios de maltrato a animales salvajes que se vienen produciendo en los últimos meses, y que vamos conociendo a través de vídeos reproducidos en las redes sociales. Lobos, jabalíes, zorros… son algunas de las especies en las que de formas más evidente se dan estos casos, que normalmente quedan sin ningún tipo de castigo.
Como digo, el principal objetivo de esta PL es el reforzamiento de la protección penal del tipo básico del delito de maltrato animal regulado en el artículo 337. 1 a través, de la ampliación de los animales penalmente protegidos frente al maltrato, incluyendo en él también a los animales salvajes.
En el artículo 337.1 letra d) se excluye expresamente a los animales salvajes de la protección penal frente al maltrato, situación jurídica ésta que actualmente permite que casos como los que recientemente han sacudido a la opinión pública española, como el del jabalí despeñado por unos excursionistas en Asturias, el del jabalí ahogado brutalmente por una persona en un canal de riego, o el atropello deliberado de un lobo en la Sierra de Gredos que, también, como los anteriores, fue grabado en vídeo, queden penalmente impunes. Todo ello ha puesto de relieve la necesidad de ampliar la protección penal por maltrato animal a los animales salvajes para que hechos como los narrados no queden sin ningún tipo de reproche penal.
Para ampliar esta protección penal frente al maltrato a los animales salvajes se propone la fórmula ya tomada tanto por el legislador alemán en la TierSchG, que utiliza el concepto de animal vertebrado (Wirbeltier), esto es, aquel que posee columna vertebral, desarrollo simétrico dual y sistema nervioso central, como por el legislador británico, que utiliza idéntica definición del animal protegido al amparo de la Animal Welfare Act 2006, ya que ello permite ampliar el campo de protección a animales que poseen idéntica capacidad de sufrimiento y que son, por tanto, igualmente susceptibles de ser maltratados si se topan con el agente criminal. Este es el elemento esencial, que estos animales tienen capacidad de sentir y sufrir, y que se encuentran absolutamente indefensos y al albur de lo que el humano quiera hacer con ellos.
Sin embargo esta PL ha recibido una respuesta airada por parte del lobby de la caza (que no representa a todos los cazadores), quienes afirman ver amenazada su actividad por esta propuesta, llegando incluso a acusarnos de querer prohibir la caza y la pesca en España, todo ello con el único objetivo de extender la duda entre el colectivo de cazadores, más allá de la propia PL.
Sin embargo esta PL nada tiene que ver: la caza, a día de hoy, es una actividad legal si se desarrolla dentro del marco jurídico habilitante para su desarrollo. Por tanto, los cazadores que cumplan con esa legalidad,
al igual que sucede en otros países con idénticas fórmulas penales de protección de los animales salvajes, no tienen por qué percibir esta proposición de reforma como un ataque a la actividad cinegética. Lo que se trata es de frenar el maltrato animal, la impunidad de comportamientos injustificables desde todo punto de vista, que tienen como víctimas a los animales salvajes con independencia de las aficiones del posible
agente criminal.
A pesar de ello, a día de hoy, el lobby de la caza se opone de manera frontal a cualquier avance en defensa de los animales, y lo considera una amenaza a sus intereses. Quizás por eso esa postura tajante en contra de nuestra PL, cuyo objetivo es perseguir el maltrato animal, y que viene avalada por numerosos argumentos jurídicos.
Por nuestra parte seguiremos trabajando para mejorar la protección de los animales en la legislación española, aunque nos encontremos con obstáculos como el descrito.