La crisis de la COVID-19 está poniendo en valor nuestro sector primario. Desde el primer momento el compromiso de los sectores agrícola y ganadero con la sociedad española ha sido total, y han sido capaces de garantizar el abastecimiento de nuestros mercados.
En estos días se está produciendo también la falta de trabajadores en esos sectores, en un momento en que se produce la coincidencia de la crisis generada por el COVID-19 con varias de las campañas de mayor actividad e importancia agrícolas, como la fruta, los cultivos de verano o la fresa. Esta situación se debe al cierre de fronteras como consecuencia de la propia crisis, que ha impedido la llegada de inmigración específica para esas labores.
Esta situación debe servir también para poner en valor el importante trabajo que desarrolla en España la población inmigrante (el 90% de la mano de obra en estas labores ha sido inmigrante), así como la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del campo
El pasado mes de febrero en su visita a España el relator de la ONU sobre pobreza extrema, tras una amplia visita en nuestro país concluyó en un demoledor informe que “los derechos sociales y económicos se toman raramente en serio en España”
Todavía no había llegado el coronavirus, pero la miseria ya estaba aquí. Con un 26,1% de la población en riesgo de exclusión social, destacaba que los niveles de pobreza no se correspondían con nuestro nivel económico: “España es el cuarto país más rico de la UE. Se puede permitir hacerlo mucho mejor”. “La pobreza es una decisión política”.
En concreto, y en referencia a los recolectores de la fresa en Huelva, se quedó pasmado al ver sus condiciones de vida y afirmó que “viven como animales mientras las grandes empresas ganan millones de euros”.
“Son chabolas, básicamente. Como un pequeño pueblo que crece con tiendas de campaña hechas del plástico que se usa para cubrir las fresas. No había electricidad, no había agua. Tenían que viajar kilómetros para conseguirla. Para los retretes tenían un solo lugar donde cuatro personas podían ponerse de cuclillas la mismo tiempo. Sin privacidad, por supuesto. Para ducharse, calentaban el agua en el fuego y luego se la echaban encima. Y ganaban 30 € al día”.
Ahora tenemos la obligación y la oportunidad para cambiar esto de una vez y para siempre porque la actual situación pone también de manifiesto todo lo que aporta la población inmigrante (tantas veces denostada por algunos) a nuestra economía. Paradójicamente, ellos y ellas también hacen patria. Ahora que no estarán los echaremos de menos.
Tal y como reclaman 900 organizaciones y colectivos, en la actual crisis de la COVID-19 estamos también ante una oportunidad para que nadie quede sin regularizar. De esa manera, miles de personas muy desprotegidas podrían tener acceso a las ayudas básicas frente a la crisis, como el imprescindible Ingreso Mínimo Vital, y al mismo tiempo les permitiría acceder a los puestos de trabajo en los que ahora les necesitan. Por ejemplo, en Aragón (según datos de UAGA) el 93% de los 3.500 solicitantes de los empleos que se requieren son inmigrantes irregulares. Es probable que sin una regularización los puestos no puedan ser cubiertos y las cosechas se pierdan.
El propio Defensor del Pueblo se hizo eco también de esta problemática, haciendo un llamamiento a que, al igual que ha ocurrido en el sector sanitario, se contemple también esa posibilidad.
En definitiva, hoy es el día en que estamos viendo cómo esos inmigrantes tan injustamente tratados en muchas ocasiones están siendo unos patriotas que ayudan con su trabajo a que los productos lleguen a nuestros mercados. No lo olvidemos nunca.
[Este artículo fue publicado por El Siglo de Europa].
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