El 1 de agosto del pasado año, el entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunciaba el cierre definitivo de la nuclear de Garoña. Atrás quedaban años de polémicas sobre qué debía hacerse con la central más vieja del parque nuclear español. Años también de intensas movilizaciones ciudadanas, que en los últimos tiempos, ante la inminencia de la decisión final, habían vuelto a alcanzar dimensiones notables, especialmente en Álava. Inaugurada por Franco en 1971, Garoña superaba ya ampliamente los 40 años de vida útil, aunque llevaba parada desde que en 2012 la empresa Nuclenor decidió unilateralmente su cierre a la espera de una decisión definitiva.
Detrás de la intensa discusión sobre Garoña a nadie se le ocultaba que estaba la del futuro de la energía nuclear en España; de hecho el propio Nadal argumentaba para justificar su cierre definitivo que Garoña se había utilizado «como símbolo de discusión política». En un año el marco de esa discusión sobre el futuro energético en España ha cambiado mucho, como consecuencia del inesperado giro político consecuencia de la moción de censura que desalojó de La Moncloa a Rajoy y su Gobierno.
En lo relativo al desmantelamiento pocas cosas han cambiado en este año. De momento no se conocen los planes de la empresa de residuos radiactivos (Enresa), que deben posteriormente ser validados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La central sigue en manos de Nuclenor, que es la responsable de su seguridad. Pero este tiempo tampoco ha estado exento de incidentes. Por ejemplo, en enero se produjo un incendio que solo se llegó a conocer cinco meses después de ocurrir. Así que una vez cerrada, y mientras el material radiactivo siga allí, Garoña sigue suponiendo un peligro latente del que no podemos olvidarnos sin más. Algunos medios han cuantificado en 345 millones el coste del desmantelamiento de la central burgalesa, para la gestión de una cantidad estimada de 7.200 toneladas de residuos radiactivos, en un proceso que en ningún caso terminaría antes de 2030.
Pero el problema del desmantelamiento y el del futuro del parque nuclear español se entrecruzan por la falta de fondos: aunque Enresa ha acometido con éxito el desmantelamiento de la nuclear de Zorita (cerrada en 2003, y ya en sus fases finales de desmantelamiento), lo cierto es que no tiene capacidad económica para abordar el desmantelamiento de nuevas centrales. Y el futuro del parque nuclear español se está convirtiendo en una patata caliente: las empresas eléctricas cada vez están menos interesadas en su continuidad. La propia Iberdrola, propietaria de la mitad del parque nuclear español, advertía hace unos días por la boca de su presidente, Sánchez Galán, de que «España puede cerrar las nucleares sin afectar al suministro».
Lo cierto es que los términos de debate energético se han alterado radicalmente con el cambio de Gobierno. La nueva ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ha anunciado que el actual Ejecutivo acometerá el cierre nuclear cuando las centrales cumplan 40 años, posición coincidente con la de Unidos Podemos, que aboga también por su cierre cuando las licencias actuales vayan venciendo. El problema ya no es de suministro eléctrico, que está garantizado al tener España una potencia instalada muy superior a la demanda máxima registrada. La cuestión más problemática es cómo acometer el desmantelamiento, cómo pagarlo y qué hacer con todo el volumen de residuos radiactivos generado.
Los residuos radiactivos siguen suponiendo un problema muy grave. En la actualidad los residuos de alta actividad se almacenan dentro del recinto de las centrales, en Almacenes Temporales (ATIs), que se han ido construyendo para tal fin. Los de baja actividad se acumulan en el cementerio de El Cabril, en Córdoba, pero que ya da signos de saturación. La construcción de un almacén centralizado (ATC) se encuentra paralizada. Aunque el proyecto de Villar de Cañas (Cuenca) debía estar listo en 2015, hace unos días se paró de forma casi definitiva.
La situación del parque nuclear español debe abordarse de forma urgente y conjunta. Las centrales envejecen y suponen cada vez un riesgo mayor para las personas y el medio ambiente. Es necesario articular un plan de cierre ordenado, que aborde tanto su sustitución por otras fuentes de energía, como los planes de desmantelamiento y su financiación. Es urgente también la elaboración de un nuevo Plan de Residuos Radiactivos vinculado a ese calendario de cierre, para tener una visión clara de la cantidad y peligrosidad de los residuos que deben almacenarse.
Pero Garoña no puede seguir esperando a que todas estas cuestiones se resuelvan, y debe avanzarse en su desmantelamiento. Es urgente que Enresa presente su plan para Garoña, y que este se ponga en marcha, teniendo en cuenta la necesidad siempre de anteponer la seguridad a cualquier otro criterio. Al mismo tiempo es imprescindible que los planes de reactivación económica propuestos desde las comarcas afectadas reciban el apoyo político necesario para impulsar alternativas a una central cuyo futuro es desaparecer del mapa dejando el mínimo rastro posible.
(Artículo publicado en El Correo de Álava)
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