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El blog de Juantxo López de Uralde

Etiqueta: Garoña

Es necesaria mayor ambición presupuestaria en la lucha contra el cambio climático

Tras el intenso 2018 que resumía hace pocas semanas aquí, y el parón navideño, ya he retomado la actividad parlamentaria a pleno rendimiento con multitud de iniciativas.

 

Doñana

Hace unas semanas, el Gobierno reconoció en respuesta a una pregunta que había registrado meses antes, que “La Guardia Civil ha detectado 562 de estas captaciones más otras 146 balsas de riego ilegales”. Las amenazas a Doñana son múltiples, y es que a los pozos ilegales que esquilman el agua se une el proyecto de almacén de gas y la eterna promesa del Partido Popular (ahora en el Gobierno de la Junta de Andalucía) de construir una autovía entre Cádiz y Huelva, que atravesaría el Parque. Por eso recientemente he registrado una pregunta parlamentaria para reclamar al Gobierno medidas contra este disparate, contra el que vamos a luchar por todos los medios. Puedes pinchar en la imagen, y firmar la petición para salvar Doñana del asfalto. 

 

 

 

 

  • En este artículo de Ecologismo de Emergencia, profundizo un poco más sobre “Qué pasa en Doñana”.

 

Pozos ilegales y residuos mineros

La desgraciada tragedia de la muerte de Julen al caer en un pozo ilegal, ha puesto sobre la mesa la problemática de los pozos ilegales en España. Sobre ello habíamos venido trabajando, como en el caso concreto de Doñana, pero necesitamos conocer cuántos pozos ilegales hay realmente en España. Por eso he preguntado al Gobierno en el Congreso: cuántos pozos ilegales hay, donde están ubicados y qué medidas se están tomando para perseguir esta práctica y evitar que sigan proliferando.

 

Otra tragedia, esta vez en Brasil, pone en el punto de mira la relación entre los accidentes (y la inseguridad) y las catástrofes ambientales y humanas. La rotura de una represa de residuos mineros en Brasil, hace unos días, ha supuesto una catástrofe humana y ambiental que, por desgracia, ya se ha repetido en más ocasiones. En España vivimos el drama de Aznalcollar y los vertidos tóxicos sobre Doñana. Por eso he denunciado la existencia  de 44 balsas con residuos mineros abandonados por empresas extractivas y 29 escombreras, y he pedido transparencia al Gobierno sobre residuos mineros abandonados en España.

 

«Insistimos en la necesidad de adelantar el apagón nuclear»

Por otra parte, esta misma semana hemos conocido que la Ministra para la Transición Ecológica se reunía con los propietarios de las eléctricas para pactar el cierre nuclear. A raíz de ello, he registrado una pregunta para conocer el contenido de esa reunión y el calendario de cierre propuesto. Y, además, esta es mi postura al respecto.

 

Embalse de Barrón

Tras la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental que luz verde a la construcción del embalse de Barrón, he registrado en el Ministerio para la Transición Ecológica una reclamación para que se revise esa DIA, al considerarlo innecesario, económicamente inviable y de gran impacto ambiental, y también he registrado una pregunta parlamentaria exigiendo la paralización del proyecto.

 

 

 

 

Glifosato

Días después de que el Parlamento Europeo haya encargado una revisión sistemática de todos los estudios disponibles sobre el riesgo carcinógeno del glifosato, ya que capítulos importantes de la evaluación científica que condujo a la aprobación de este herbicida por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) son fruto «de un plagio» de un dossier de homologación del glifosato enviado a las autoridades europeas por la multinacional estadounidense de agroquímicos Monsanto, he vuelto a pedir al Gobierno español un posicionamiento sobre el glifosato ante este nuevo escenario.

 

Gestión de residuos 

En respuesta a otra pregunta parlamentaria, el Gobierno confirma que tiene previsto realizar durante este año un estudio para evaluar las posibilidades y viabilidad de la puesta en marcha en España de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de envases.

Además, seguimos trabajando para impulsar medidas para la reducción de los envases plásticos de un solo uso; por eso nos hemos reunido con la Organización de Consumidores, que apoya la iniciativa que presentamos hace unos meses para que los bares y restaurantes ofrezcan agua del grifo de manera gratuita en sus establecimientos.

 

Presupuestos Generales del Estado

Ya nos encontramos en plena tramitación de los Presupuestos Generales del Estado 2019, y dentro de la responsabilidad adquirida por el marco del acuerdo presupuestario al que llegamos con el Gobierno el pasado verano, sin embargo reclamamos mayor ambición presupuestaria en la lucha contra el cambio climático, ya que la partida destinada a ello este año no logra compensar los recortes en años precedentes cuando, entre 2009 y 2018, este gasto disminuyó en un 89 por ciento.

 

 

 

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Un año sin Garoña

El 1 de agosto del pasado año, el entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunciaba el cierre definitivo de la nuclear de Garoña. Atrás quedaban años de polémicas sobre qué debía hacerse con la central más vieja del parque nuclear español. Años también de intensas movilizaciones ciudadanas, que en los últimos tiempos, ante la inminencia de la decisión final, habían vuelto a alcanzar dimensiones notables, especialmente en Álava. Inaugurada por Franco en 1971, Garoña superaba ya ampliamente los 40 años de vida útil, aunque llevaba parada desde que en 2012 la empresa Nuclenor decidió unilateralmente su cierre a la espera de una decisión definitiva.

Detrás de la intensa discusión sobre Garoña a nadie se le ocultaba que estaba la del futuro de la energía nuclear en España; de hecho el propio Nadal argumentaba para justificar su cierre definitivo que Garoña se había utilizado «como símbolo de discusión política». En un año el marco de esa discusión sobre el futuro energético en España ha cambiado mucho, como consecuencia del inesperado giro político consecuencia de la moción de censura que desalojó de La Moncloa a Rajoy y su Gobierno.

En lo relativo al desmantelamiento pocas cosas han cambiado en este año. De momento no se conocen los planes de la empresa de residuos radiactivos (Enresa), que deben posteriormente ser validados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La central sigue en manos de Nuclenor, que es la responsable de su seguridad. Pero este tiempo tampoco ha estado exento de incidentes. Por ejemplo, en enero se produjo un incendio que solo se llegó a conocer cinco meses después de ocurrir. Así que una vez cerrada, y mientras el material radiactivo siga allí, Garoña sigue suponiendo un peligro latente del que no podemos olvidarnos sin más. Algunos medios han cuantificado en 345 millones el coste del desmantelamiento de la central burgalesa, para la gestión de una cantidad estimada de 7.200 toneladas de residuos radiactivos, en un proceso que en ningún caso terminaría antes de 2030.

Pero el problema del desmantelamiento y el del futuro del parque nuclear español se entrecruzan por la falta de fondos: aunque Enresa ha acometido con éxito el desmantelamiento de la nuclear de Zorita (cerrada en 2003, y ya en sus fases finales de desmantelamiento), lo cierto es que no tiene capacidad económica para abordar el desmantelamiento de nuevas centrales. Y el futuro del parque nuclear español se está convirtiendo en una patata caliente: las empresas eléctricas cada vez están menos interesadas en su continuidad. La propia Iberdrola, propietaria de la mitad del parque nuclear español, advertía hace unos días por la boca de su presidente, Sánchez Galán, de que «España puede cerrar las nucleares sin afectar al suministro».

Lo cierto es que los términos de debate energético se han alterado radicalmente con el cambio de Gobierno. La nueva ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ha anunciado que el actual Ejecutivo acometerá el cierre nuclear cuando las centrales cumplan 40 años, posición coincidente con la de Unidos Podemos, que aboga también por su cierre cuando las licencias actuales vayan venciendo. El problema ya no es de suministro eléctrico, que está garantizado al tener España una potencia instalada muy superior a la demanda máxima registrada. La cuestión más problemática es cómo acometer el desmantelamiento, cómo pagarlo y qué hacer con todo el volumen de residuos radiactivos generado.

Los residuos radiactivos siguen suponiendo un problema muy grave. En la actualidad los residuos de alta actividad se almacenan dentro del recinto de las centrales, en Almacenes Temporales (ATIs), que se han ido construyendo para tal fin. Los de baja actividad se acumulan en el cementerio de El Cabril, en Córdoba, pero que ya da signos de saturación. La construcción de un almacén centralizado (ATC) se encuentra paralizada. Aunque el proyecto de Villar de Cañas (Cuenca) debía estar listo en 2015, hace unos días se paró de forma casi definitiva.

La situación del parque nuclear español debe abordarse de forma urgente y conjunta. Las centrales envejecen y suponen cada vez un riesgo mayor para las personas y el medio ambiente. Es necesario articular un plan de cierre ordenado, que aborde tanto su sustitución por otras fuentes de energía, como los planes de desmantelamiento y su financiación. Es urgente también la elaboración de un nuevo Plan de Residuos Radiactivos vinculado a ese calendario de cierre, para tener una visión clara de la cantidad y peligrosidad de los residuos que deben almacenarse.

Pero Garoña no puede seguir esperando a que todas estas cuestiones se resuelvan, y debe avanzarse en su desmantelamiento. Es urgente que Enresa presente su plan para Garoña, y que este se ponga en marcha, teniendo en cuenta la necesidad siempre de anteponer la seguridad a cualquier otro criterio. Al mismo tiempo es imprescindible que los planes de reactivación económica propuestos desde las comarcas afectadas reciban el apoyo político necesario para impulsar alternativas a una central cuyo futuro es desaparecer del mapa dejando el mínimo rastro posible.

 

(Artículo publicado en El Correo de Álava)

Garoña nos va a salir cara

Publicada originalmente en El País.

La voluntad manifiesta del sector nuclear español es alargar la vida de las centrales nucleares hasta los 60 años. Con un parque nuclear amortizado, la extensión de la vida útil es un objetivo que busca maximizar el rendimiento económico de las plantas, y en este contexto hay que ubicar el empeño de Nuclenor (participada al 50% por Endesa y al 50% por Iberdrola) en conseguir que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ampare la reapertura de la central de Garoña. Ningún obstáculo parece interponerse en su camino; ni siquiera la mayoría del Congreso, que se expresó en una carta dirigida al Presidente del CSN solicitando que se frenara el proceso de análisis de la reapertura.

Garoña es una central que se inauguró en 1971. Es, por tanto, la más vieja de España. Se trata de una central gemela al reactor número 1 de Fukushima, y a lo largo de su historia ha tenido numerosas complicaciones en su funcionamiento, de modo que volver a ponerla en marcha supondría un grave riesgo para la seguridad. Además, desde hace tres años Garoña está parada por decisión de la propia empresa propietaria, Nuclenor. Durante este tiempo no ha habido ningún problema de suministro eléctrico (es bien conocido que el sistema eléctrico español, en todo caso, presenta el problema opuesto: una enorme sobrecapacidad), quedando demostrado que Garoña es perfectamente prescindible.

Pero, desde el punto de vista político, la situación empieza a ser muy grave. No es la misión del Gobierno en funciones tomar la decisión de ampliar la vida de la central hasta 2031. Con la excepción del Partido Popular, todas las fuerzas políticas estamos de acuerdo en que Garoña ha de ser cerrada definitivamente y desmantelada. Estamos convencidos de que Garoña no va a reabrir nunca. ¿Cómo puede entenderse entonces la perseverancia en seguir adelante con el proceso de reapertura?

En 2013, cuando se aprobó el cierre de Garoña, Nuclenor interpuso una demanda por lucro cesante ante la Audiencia Nacional. En aquella ocasión, la Audiencia dio la razón al Gobierno y le reconoció la legitimidad para cerrar la planta. Ahora, lo que esta tratando de hacer el Gobierno en funciones de Rajoy es imponer una decisión que volvería a habilitar a la empresa propietaria para reclamar una millonaria indemnización cuando el futuro Gobierno cierre definitivamente la central nuclear, como ya se ha anunciado. Esta actitud del Gobierno del Partido Popular supone una grave extralimitación en las competencias de un Gobierno en funciones.

La labor del CSN debería ser exigir medidas de seguridad más estrictas, pero todo apunta a una connivencia inaceptable con las empresas propietarias

Hace pocas semanas veíamos a los técnicos del CSN denunciar la falta de independencia del órgano alegando que se había convertido en un órgano político cuando debería ser un organismo técnico e independiente. Por desgracia, esto es algo a lo que el Partido Popular nos tiene acostumbrados: a utilizar las instituciones en beneficio propio y de unos pocos amigos, en lugar de garantizar que velan por el interés de la mayoría social.

Con unas plantas nucleares cada vez más envejecidas, la labor del CSN debería ser exigir medidas de seguridad más estrictas, pero todo apunta a una connivencia inaceptable con las empresas propietarias de las centrales nucleares. Como diputados del Congreso, no podemos menos que expresar nuestra profunda preocupación ante esta situación. Reclamamos de nuevo que Garoña quede cerrada para siempre, garantizando la viabilidad económica y la sostenibilidad de la comarca, evitando poner en riesgo la salud de la gente y salvaguardando el interés de la mayoría.

Artículo conjunto de Juantxo Uralde y Miguel Vila, diputados de Podemos por Álava y Burgos