Desde hace ya años que la industria nuclear prepara minuciosamente el golpe. Se trata de que las centrales nucleares puedan alargar su vida desde los actuales 40 años, hasta los 60 e incluso más allá. Para ello hay una estrategia cuidadosamente preparada y diseñada, que anunció en su día el lobby de las eléctricas y que está desarrollándose con discreción y celeridad.
El alargamiento de la vida de las centrales nucleares tiene un objetivo económico evidente: conseguir que unas plantas ya amortizadas sigan generando beneficios el mayor tiempo posible. Lo que ocurre es que esa meta económica pasa por encima de una cuestión clave: la seguridad de unas plantas diseñadas para una vida mucho más corta que la que ahora se plantea. Para conseguir ese objetivo de alargar la vida de las centrales nucleares es indispensable la cooperación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ya que son imprescindibles cambios normativos que no podrían darse sin su colaboración.
En realidad el CSN debería ser un organismo garante de la seguridad nuclear y de la protección radiológica, independiente por tanto de la industria y de sus intereses. Sin embargo, gracias a una maniobra ejecutada por el Partido Popular en el último trimestre de 2015 se convirtió en un organismo politizado más allá de lo razonable y a las órdenes del sector nuclear. Concretamente el PP nombró, con la oposición del Congreso, al tercer Consejero de su partido, rompiendo con ello el equilibrio político que tuvo el Consejo desde sus inicios.
La primera batalla del golpe nuclear se está dando con la central nuclear de Garoña. Es evidente que el interés de la industria nuclear por Garoña transciende su importancia energética. La nuclear lleva cerrada desde 2012, y es probable que nunca vuelva a abrirse. Ayer mismo, en un intento evidente de mantener la presión, un alto cargo de la industria nuclear afirmaba que Garoña podría operar hasta los 90 años. A base de declaraciones de calibre grueso van preparando el camino para que el CSN anuncie el alargamiento de la vida de la central. En realidad, que luego se ponga en marcha o no es un objetivo secundario, ya que de lo que se trata es de garantizar que no se cree el precedente de cerrar una nuclear por haber llegado al final de su vida útil.
La segunda batalla de este golpe es la de los residuos radiactivos. Fracasado el intento de construir el Almacén Temporal Centralizado en Villar de Cañas (Cuenca) por la oposición social que ha obligado al gobierno de Castilla La Mancha a ponerle dificultades legales, las centrales se han lanzado a la construcción de ATI (almacenes de residuos dentro de sus instalaciones). El objetivo de estos ATI no es otro que tener hueco para almacenar los residuos radiactivos para los que no hay espacio si se alarga la vida de las centrales nucleares. Al estar las centrales pensadas para un funcionamiento de 40 años, el alargamiento de su vida lleva aparejada la necesidad de nuevo lugar de almacenar los residuos radiactivos.
En los últimos meses nos encontramos inmersos en la tercera batalla que busca allanar el camino para el alargamiento de la vida de las centrales: los cambios normativos. Este proceso ha tenido como uno de sus ejes el cambio de la escala INES (International Nuclear Event Scale) sobre ocurrencia y consecuencias de sucesos nucleares. Ahora va mucho más allá, y se encuentra el CSN enfrascado la reforma de la normativa sobre seguridad en las centrales nucleares. El CSN plantea incluso autorizar a las propias nucleares a proponer sus medidas de seguridad. ¿Dónde y para qué queda el organismo regulador en este escenario?
Lo cierto es que los intereses económicos de la industria nuclear, que no es otra que la industria eléctrica, están forzando la máquina política y técnica para conseguir su objetivo de maximizar la vida de los reactores nucleares existente. Esta lógica puramente económica tiene como principal víctima la seguridad nuclear, y con ella la de las personas y el medio ambiente. Y por ello es necesario paralizar este golpe que se lleva delante de manera silenciosa y de espaldas a la opinión pública.
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