Publicado originalmente en El Correo

 

Sólo hace un año que la mayor parte de los grupos políticos firmábamos en el Congreso de los Diputados un compromiso en el que decíamos que: “consideramos que nunca debe volver ponerse en marcha la central nuclear de Garoña. Por ello los grupos políticos firmantes de esta Declaración nos comprometemos a no reabrirla…”. Eran los tiempos del rodillo y de la mayoría absoluta del Partido Popular, que sólo consiguió evitar que UpyD y CiU firmaran este compromiso político. Pero, como bien sabemos, las elecciones generales del 20 D han cambiado radicalmente el mapa político de España, y hoy los partidos que favorables a que Garoña reabra sumarían solo 131 escaños.  Habría, por tanto una amplia mayoría representada por 219 congresistas cuyos partidos han firmado un compromiso contra la reapertura de esta central nuclear. No hay, por tanto, espacio democrático para esta operación de reapertura urgente que estamos viviendo.

El gobierno en funciones del Partido Popular está aprovechando estas semanas de impasse político para aprobar cuestiones que había dejado aparcadas durante la campaña electoral por la oposición que generan en la opinión pública. Así por ejemplo, ayer mismo conocíamos la decisión de conceder licencia a la papelera ENCE de Pontevedra a continuar su actividad sobre una playa hasta el año 2070, cuando la anterior ley de Costas debía haber puesto fin a la concesión en 2018. De la misma manera pretende actuar el PP en el caso de la central nuclear de Garoña, alargando su vida hasta el año 2031 antes de que se forme un nuevo gobierno. Por cierto que en la pasada y todavía reciente campaña electoral los representantes vascos del PP nos habian asegurado una y otra vez que el tema de Garoña estaba cerrado para siempre; que tenían el compromiso de Rajoy de que nunca se reabriría.  Ahí quedan todas esas declaraciones, en. las hemerotecas

Sin embargo la realidad ahora va por otros derroteros. Haciendo realidad aquella máxima tan cínica como inaceptable de que lo que se dice en campaña se olvida al día siguiente, el gobierno tiene tomada la decisión de reabrir Garoña. Así lo ha vuelto a manifestar el ministro de Industria, Soria, hace solo unos días. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) va dando los pasos marcados para ir cumpliendo con ese mandato político. No en vano antes de finalizar la pasada legislatura el gobierno se hizo con el control absoluto de las decisiones en materia de seguridad nuclear, nombrando un tercer consejero afín, de los cinco que conforman el CSN.

Para el proceso de aprobación de la reapertura de Garoña, el CSN ha establecido un proceso de aprobación ad-hoc, que algunos han denominado “programa frankestein”. Basicamente se trata de ir aprobando pieza a pieza, para llegar a dar el visto bueno a la reapertura casi de forma automática, una vez aprobados por separado cada uno de los informes requeridos. Todo ello con el único objetivo de sentar un precedente que permita alargar la vida del resto de las centrales nucleares hasta los 60 años, tal y como reclama la industria nuclear. Pero un regulador como el CSN profundamente debilitado por el control político, y unas centrales nucleares cada vez más viejas confirman un cóctel muy peligroso.  Alargar la vida de las nucleares puede ser economicamente ventajoso, pero el coste puede ser dramaticamente alto. y

Garoña está parada desde diciembre de 2012, por decisión unilateral y voluntaria de su empresa propietaria, Nuclenor. Esta situación de parada no ha supuesto ningún problema para el suministro eléctrico y podría seguir en esta situación hasta que se forme un nuevo gobierno. A día de hoy la mayoría del Congreso es claramente contraria a la reapertura de la central, y por eso es inaceptable que se pretenda generar a toda prisa una situación de hechos consumados. El proceso de evaluación de la autorización de renovación de la explotación debe paralizarse hasta la formación del nuevo gobierno que debera tomar la decisión final.
El reciente caso del Castor, y la millonaria indemnizacion de que fue objeto han alertado justificadamente a la opinipn pública sobre las consecuencias económicas que tiene para el erario público la revocacion de permisos y concesiones a empresas, por más que estén justificados. En este contexto cobra fuerza la hipótesis de que, en realidad, si se otorgara una licencia para la explotación de Garoña hasta el año 2031, la compañia propietaria podría reclamar el “lucro cesante” en caso de que un gobierno elegido a posteriori decidiera mantener el cese de actividad. Y que esta pudiera ser la causa real de estas prisas de última hora que, como decimos, no pueden tener una motivación energética ya que la central lleva tres años cerrada.
Ni podemos, ni debemos aceptar que el gobierno en funciones de Rajoy nos deje este regalo envenenado. Ahora que estamos a tiempo y somos mayoría, exijamos el final definitivo de esta pesadilla.
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