El autoconsumo eléctrico es la generación de energía en los propios hogares, fundamentalmente a través de placas solares fotovoltaicas. Cuando hay conexión a red, debería pagarse solamente el coste de la energía neta consumida, es decir, el total consumido menos la energía autoproducida. Es lo que se llama autoconsumo con balance neto. Se trata de una herramienta fundamental para reducir la dependencia energética exterior, generar energía eléctrica de forma respetuosa con el medio ambiente y descentralizada, incrementar la eficiencia energética, mejorar la competitividad de las empresas, crear empleo y fomentar la economía local.
El gobierno del Partido Popular lleva años tratando de impedir que el autoconsumo salga adelante. Justamente ahora ha presentado un Proyecto de Real Decreto de Autoconsumo que trata de desincentivarlo.
A partir de aquí, expongo literalmente el texto de la alegación que 350 organizaciones hemos consensuado y que puede descargarse aquí:
“Esto es así, por ejemplo, porque se establece un procedimiento de autorización de instalaciones excesivamente gravoso, incluso para aquéllas que nunca pueden verter a la red, o porque se impone un cargo por la energía autoconsumida (“impuesto al sol”) que resulta injusto, innecesario y discriminatorio: ¿cómo es posible que se pretenda que pague más “al sistema” alguien que ahorra energía instalándose unas placas fotovoltaicas en su tejado que quien simplemente se ha comprado un frigorífico más eficiente?. Dicho cargo, además, se incrementa si, para evitar vertidos de energía excedentaria a la red, se hace uso de baterías, lo que resulta inaceptable en la medida en que la utilización de éstas conlleva un uso más eficiente de la red, motivo por el que en otros países su instalación está subvencionada.
Una norma que realmente quisiera fomentar el desarrollo del autoconsumo en España debiera regular adecuadamente los intercambios de energía con la red para minimizar el uso conjunto de baterías. En el caso de los consumidores domésticos, además, es crucial no considerar a éstos “empresarios” por una actividad cuya principal motivación es autoabastecerse de energía y que solo la ceden a la red coyunturalmente en momentos de exceso de sol para luego recuperarla por la noche. Muy al contrario, la propuesta de Real Decreto obliga a regalar los excedentes que pudieran producirse a la red, salvo que el consumidor esté dispuesto a ser tratado como un empresario, en cuyo caso se ve sometido a las mismas reglas e imposiciones que una gran central eléctrica, empezando por interminables obligaciones fiscales.
La propuesta de Real Decreto también prohíbe, sin justificación alguna, que aquellas personas que tengan una tarifa regulada, sea el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor o el bono social, puedan tener una instalación de autoconsumo. Esto implica impedir que el autoconsumo se convierta en una herramienta de lucha contra la pobreza energética, un problema que afecta a más de siete millones de personas en nuestro país y cuya solución debería ser prioritaria para el Gobierno.
Más sorprendente aún es que solo se prevea una pírrica exención temporal del impuesto al sol en las islas durante cuatro años. Es bien conocido que los cerca de 1.800 millones de euros anuales de sobrecostes de generación en los territorios no peninsulares se reparten en las facturas de electricidad de todos los españoles. Por ello, cada consumidor ubicado en éstos que decidiera autoabastecerse, aunque solo fuera parcialmente, no solo estaría consiguiendo un ahorro para sí mismo, sino que estaría induciendo un ahorro al resto de consumidores del país en la medida en que desplazaría a fuentes de energía muy caras y contaminantes. En las islas, por tanto, estaría plenamente justificado incluso pagar por autoconsumir, al menos temporalmente, en la medida en la resulta prioritario acelerar su implantación dado su efecto de reducción del importe de todas nuestras facturas de electricidad.
El autoconsumo y la mayor participación activa de los consumidores en el sector energético están reconocidos por la Comisión Europea como “el centro de la Unión Energética”. Este Proyecto de Real Decreto promete promoverlo pero, en la realidad, hace el autoabastecimiento energético inviable y se esfuerza en mantener el control absoluto de las grandes empresas eléctricas sobre el sistema.
Además, el texto del Proyecto de Real Decreto viola flagrantemente los principios de buen gobierno comunitarios del Libro Blanco sobre Gobernanza de 27 de julio de 2001, que exigen a los desarrollos normativos que garanticen transparencia, participación pública y rendimiento de cuentas. La complejidad del texto tiene el poder de acomplejar y con ello disuadir a los ciudadanos de ejercer su legítimo derecho.”
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