Las elecciones generales de 2011 llevaron al Partido Popular al gobierno de la nación con una amplia mayoría absoluta. Esa mayoría ha sido utilizada por el PP para imponer en España severas políticas de austeridad que han tenido graves consecuencias sociales, convirtiendo a nuestro país en uno de los más desiguales de la Unión Europea. La premisa de la lucha contra la crisis económica se ha utilizado para reducir los derechos sociales, pero también se ha usado para desmontar las leyes de protección ambiental que teníamos en España. La única motivación para este cambio parece ser ideológica: cualquier intervención del Estado protegiendo un bien común, sea este un derecho o un espacio natural, debe eliminarse, ya que es un obstáculo al mercado libre.
En los últimos tres años y medio, el gobierno del Partido Popular se ha dedicado a revisar a la baja las leyes de protección ambiental que existían en nuestro país; ha permitido actividades que hasta ahora no estaban recogidas por la legislación, como el fracking, ha impulsado una reforma del modelo energético que ha devuelto las energías renovables a la marginalidad, e incluso ha iniciado el proceso de reapertura de la central nuclear de Garoña, actualmente cerrada.
En todos los casos las modificaciones han servido para reducir la protección del medio ambiente y los recursos naturales, y facilitar y promover el negocio lucrativo de unos pocos. Desde el punto de vista de EQUO, muchas de las leyes eran francamente mejorables y claramente insuficientes, ya que permitieron fenómenos como el de la burbuja inmobiliaria o el urbanismo salvaje en la costa. No obstante, lo ocurrido en esta legislatura ha sido todavía más grave: una demolición concertada.
Algunos casos han sido muy escandalosos y han dado lugar a titulares en los medios de comunicación, sin embargo otros han pasado más desapercibidos. La reciente modificación de la Ley de Montes que vuelve a permitir la urbanización de terrenos forestales quemados ha desatado las críticas y el escándalo; ya que precisamente la decisión de no permitir la construcción en terrenos incendiados pretendía frenar los incendios provocados por especulación urbanística; un ámbito, en el que cualquier precaución parece poca.
Otra media que causó gran revuelo mediático fue la modificación de la Ley de Costas. En este caso, además, en ningún momento el gobierno ni se ha sonrojado, ni ha ocultado que el único objetivo de la misma es facilitar el negocio en el litoral.
Otros casos han pasado más desapercibidos, por ejemplo la modificación de la Ley de Impacto Ambiental para acelerar los trámites de proyectos, y que facilita la aprobación de proyectos de gran impacto ambiental por la vía rápida. Mención aparte merecen las modificaciones de las leyes de protección de espacios naturales como la de parques nacionales, cuyas modificaciones permite que los Parques Nacionales estén controlados por empresas privadas, lo que supone una comercialización de nuestro patrimonio natural encaminada a facilitar las actividades económicas en lugares que estaban reservados a la defensa de sus valores naturales; y que hasta el Consejo de Estado considera inconstitucional.
Todas estas modificaciones sólo tienen sentido entendidas como la parte de un todo: el intento del Partido Popular de deshacerse de cualquier atisbo de protección del medio ambiente y los recursos naturales que son de todas y todos. Una protección medioambiental que se ha conseguido con el esfuerzo de muchos movimientos sociales a lo largo del siglo XX. En definitiva, una agenda neoliberal más propia del Tea Party norteamericano que del resto de partidos conservadores europeos.
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