Cada vez somos más quienes pensamos que nuestro sistema democrático necesita una profunda reforma. Después de más 30 años en vigor, el modelo presenta goteras cada vez más evidentes y necesita algunas mejoras urgentes. El creciente alejamiento ciudadano de la política queda en evidencia una y otra vez en las encuestas, pero los grandes partidos insisten en no pasar a la acción. La pasividad, sin embargo, sólo servirá para agravar los problemas como estamos viendo con el dramático panorama de los desahucios.
Son muchos los debates abiertos en la sociedad sobre esta cuestión: la Constitución, los Partidos, la aplicación de nuevas tecnologías (por cierto, ya no tan nuevas)… Las movilizaciones son casi continuas. Pero una de las reformas más urgentes es la de las leyes electorales que dificultan la renovación política en nuestro país. Conviene dejar claro que la mejor defensa de la Democracia la hacen aquellos que, criticando el actual modelo buscan alternativas para mejorarlo. Es el silencio acomodado el que acaba llevando a la crítica general e injusta a los políticos. Y ya sabemos que detrás está el fascismo.
Ciertamente el déficit democrático es mucho más profundo, y comienza mucho antes de que la ley electoral reparta los escaños en función de unas reglas establecidas para la realidad de los años 70 en España, pero muy alejadas de la realidad actual. Sin embargo el cambio en las leyes electorales es una necesidad urgente. En medio de las campañas millonarias de los partidos grandes, es muy difícil hacer oír la voz de lo pequeño, o de lo nuevo. Para una ciudadanía que quiere tener incidencia, la llamada al «voto útil» sigue siendo un eficaz antídoto contra el voto a los partidos menores.
Uno de los aspectos menos explicables y más fáciles de cambiar es el de la existencia de límites porcentuales para que los partidos puedan entrar en los Parlamentos y Ayuntamientos. Así por ejemplo en el caso de la Asamblea de Madrid, y muchos otros Parlamentos regionales, es necesario para que un partido pueda entrar, alcanzar un mínimo del 5% de los votos.
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