Por fin hemos conocido los cambios que el Gobierno de Rajoy introducirá en la Ley de Costas. El resumen es una relajación en la protección del litoral, pero lo más grave es una legalización masiva de que aquello que ya está construido. Esta modificiación es una renuncia en toda regla al ambicioso objetivo que se marcó en 1988 de con la Ley de Costas de proteger nuestro maltrecho litoral. La costa sigue siendo un valor seguro para nuestra economía, y todavía guarda rinconces de gran belleza y valor ecológico que no han caído bajo el imperio de la urbanización. Espacios de enrome que necesitan más protección, y no menos.
Ciertamente la Ley de Costas de 1988 no fue capaz por sí sola de detener la avalancha del ladrillo sobre el litoral. Sin otra complicidad y apoyo político que el de los ecologistas, hay que reconocer que, en efecto, la Ley no ha sido capaz de detener el deterioro. El daño que se ha hecho en estos años en nuestras costas ha sido brutal. Debe recordarse, una vez más, que tanto desarrolllo urbanístico se ha realizado con la unica oposición de los ecologistas, y ha sido avalado, salvo honrosas excepciones por las fuerzas políticas mayoritarias de uno y otro signo. Pero,
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