Los efectos para la salud del amianto son bien conocidos desde mediados de los años 70, cuando la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) puso de manifiesto que las fibras de todos los tipos de amianto son cancerígenas y que no existía un nivel seguro de exposición.
El tiempo de latencia es extremadamente largo, pudiendo pasar en el caso del mesotelioma (una de las enfermedades causadas por el amianto) los 30/40 años antes de que aparezca la enfermedad. La relación entre los casos de mesoteliomas y el contacto con el amianto, ya es una evidencia indiscutida, en este sentido se ha de afrontar no solo compensaciones a los trabajadores del sector, sino también a sus familiares que han estado igualmente expuestos al amianto. Las consecuencias también para ellos, han sido devastadoras.
Pese a que los efectos se conocen desde los años 70 del pasado siglo, su utilización en España está prohibida sólo desde 2001, y debido al elevado periodo de latencia de las enfermedades relacionadas con el amianto todo parece indicar que el pico de diagnósticos todavía está por llegar. En este sentido, según un estudio del Instituto de Salud Carlos III, la exposición a este mineral seguirá causando muertes en España hasta 2040.
Las cifras son estremecedoras: según el instituto ISTAS de Comisiones Obreras entre 40.000 y 60.000 trabajadores españoles morirán de cáncer hasta el 2030 por haber estado expuestos al amianto durante las dos últimas décadas. Las cifras son de auténtico escándalo. Pero todavía es más escandalosa la desatención y el olvido de los poderes públicos hacia las víctimas y sus familiares, en una situación explosiva que requiere la adopción de medidas urgentes de reparación e indemnización.
Un estudio europeo sobre exposición a cancerígenos, el proyecto Carex, considera que en nuestro país había unos 57.000 trabajadores del amianto hacia la mitad de los años 90, mientras que otras estimaciones consideran que en los últimos 40 años habrán sido unos 200.000 los trabajadores expuestos. Hay que suponer, por tanto, que existen decenas de miles de víctimas de amianto sin una cobertura sanitaria adecuada
Principio de precaución
Francisco Martínez, presidente de una Asociación de Afectados, ha asegurado, refiriéndose a su empresa, que ‘ellos sabían que nos estábamos jugando la salud cuando trabajábamos con amianto, y lo consintieron’. Para mí estas palabras resumen el auténtico drama del amianto: en gran medida ha sido una tragedia consentida: alargar el tiempo hasta que se prohibiera, para mantener los beneficios.
Por es necesario ir más allá. El ejemplo del amianto nos muestra cómo durante mucho tiempo, podemos estar en contacto con sustancias peligrosas cuyo uso se perpetúa hasta que consigue demostrarse su toxicidad. Normalmente para llegar ahí, es necesario un intenso trabajo de organizaciones ciudadanas que se tiene que enfrentar al poder de los lobbies de la industria, hasta que consiguen abrir camino y logran que por fin se restrinjan e incluso prohiban esas sustancias peligrosas.
La reciente expulsión de Monsanto del Parlamento Europeo, debido a prácticas irregulares en el análisis del herbicida glifosato es el último y más reciente ejemplo de este tipo de prácticas mafiosas.
Por eso es necesario extraer lecciones de estos casos tan dolorosos, y poner en práctica el Principio de Precaución que no es sino un cambio en la carga de la prueba: quien pone el producto en el mercado es quien debe demostrar su inocuidad, antes de recibir el permiso. Y no como ha venido ocurriendo hasta ahora, que son los afectados quienes deben demostrar los efectos para conseguir esas restricciones.
Debemos garantizar mecanismos que fomenten la protección efectiva de los trabajadores y de las personas, para evitar que sigan produciendose dramas como el del amianto.
Apoyo a la iniciativa
Esta iniciativa encuentra su origen en el Parlamento Vasco, concretamente en la creación de una ponencia que pretendía analizar los problemas derivados del amianto y la creación de un posible fondo de compensación para los afectados por el uso de materiales que contienen amianto como componente. En este sentido, viene precedida de un apoyo mayoritario por parte de todos los partidos políticos del Parlamento Vasco (a excepción del Partido Popular).
Estamos de acuerdo con la finalidad y con la propuesta de la Proposición de Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Una necesidad que viene a paliar una indefensión que sufren los afectados, ya que muchas de estas personas no pueden solicitar compensación a las empresas que utilizaron el amianto que generó la enfermedad, ya que la enfermedad se ha manifestado en gran número de casos, con posterioridad a la desaparición de muchas de estas empresas. Allá donde la vía judicial está restringida, o comprometida según las condiciones económicas de las familias que tienen serias complicaciones para afrontar largos procesos judiciales, es necesario propuestas públicas que permitan crear fondos de compensación sin culpa.
España no cuenta aún con un fondo de compensación para estas víctimas como sí existe en otros países como Holanda, Bélgica y Francia desde hace ya 15 años.
No solo estamos de acuerdo con la propuesta sino consideramos que la situación se debiera haber resuelto hace mucho tiempo, ya que los primeros estudios que probaban los efectos perjudiciales para la salud del amianto se remontan a 1977. En este sentido, cabe recordar que la Directiva Europea 2003/18 prohíbe los usos y comercialización del amianto, a pesar de que en España quedan millones de toneladas de amianto que suponen un riesgo para la salud, por ello consideramos que al margen del plan de compensación deberían activarse planes integrales de detección y retirada del amianto, incluyendo mapas completos del amianto en nuestro territorio.
Nuestro Grupo Parlamentario y los partidos que lo conforman han defendido además iniciativas en todo el Estado, para eliminar este material, instando entre otras a la eliminación de las conducciones de agua potable de fibrocemento. Conducciones que pueden estar suponiendo un riesgo real para la ciudadanía. En consonancia con ello y con el trabajo de nuestros compañeros en el Parlamento Vasco, apoyaremos la proposición que hoy se toma en consideración.
Una transición hacia otro modelo
El caso del amianto pone de manifiesto la necesidad urgente de un cambio de modelo basado en la sostenibilidad y en respeto al derecho a un medio ambiente sano. No puede ser que sigamos jugando a la ruleta rusa poniendo en el medio productos y sustancias altamente tóxicos y peligrosos. Podemos y sabemos producir de otra manera, y es urgente comenzar a hacerlo. No se equivoquen, cuando hablamos del derecho al medio ambiente, hablamos del derecho a respirar, comer, beber…sin envenenarnos, poniendo en riesgo nuestra salud y la de nuestro medio ambiente.
Otro modelo productivo es posible, pero para hacerlo posible hay que querer llegar a él. Espero que el cas que hoy nos ocupa no quede en el olvido y que nos sirva de acicate para avanzar.
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