Esta lamentable imagen de la portada de la revista de caza Jara y Sedal, me ha recordado la defensa que hice en la Comisión de Agricultura del Congreso del disfrute de la Naturaleza sin armas, cuyo texto traigo hoy a este blog:
«Nos ha soprendido esta propuesta del PP en apoyo a la caza, porque la caza es ya una actividad que cuenta con un amplio apoyo de las administraciones publicas en nuestro país. Son muchas las ocasiones y las acciones legislativas en las que se privilegia la caza frente a otras actividades que puedan generar actividad económica en el mundo rural. En ningún caso la caza puede considerarse un aprovechamiento ordenado de los recursos naturales, ni es necesaria para la adecuada conservación de nuestra biodiversidad. Se trata de una actividad de tiempo libre, incorrectamente regulada, que se practica en la casi totalidad de nuestro entorno natural (salvo zonas construidas e infraestructuras) y con importantes efectos para nuestro medio natural.
En este momento la caza es un actividad cuyo interés va decayendo entre la población. Así se ha pasado de 1443.514 licencias en el año 1990, a las actuales 800.000, una bajada significativa del 60% que muestra que esta actividad va perdiendo interés entre la gente.
Contrasta esta evolución con las cifras crecientes de personas que disfrutan del medio natural sin portar un arma al hombro: excursionistas, ornitólogos, montañeros, ciclistas, senderistas, naturalistas, fotógrafos o simples paseantes. Todas estas actividades alternativas que generan una intensa actividad económica no cuentan con el apoyo con el que desde las administraciones se beneficia a la actividad de la caza.
En ningún caso la licencia multiautonómica de caza debería evitar la obligatoriedad de elaborar un examen del cazador específico para cada CCAA, ya que las especies cinegéticas, los periodos de caza, las normas de seguridad, los tipos de terrenos acotados… son distintos en cada CCAA. Sería claramente injusto que mientras que un cazador de Extremadura tiene que superar un examen, un cazador de Madrid que pretenda cazar en esa CCAA no tenga que superar el mismo examen del cazador. Los cambios legislativos para promocionar la actividad de la caza han llegado de la mano del PP incluso a que se permita la caza dentro de los Parques Nacionales, al menos hasta el año 2020, algo que nos parece a todas luces injustificable.
De hecho, según la organización Ecologistas en Acción, las actividades de ocio y turismo en la Naturaleza y las personas que las llevan a cabo se ven cada vez más importunadas por la actividad cinegética, registrándose incidencias que van en aumento en toda España. Los accidentes y molestias por disparo son el primer y más grave problema. Hay muchos cazadores que no respetan las zonas y distancias de seguridad. Tampoco comprueban debidamente hacia qué dirigen su disparo. O no tienen la destreza mínima para empuñar un arma, sea por edad, por embriaguez o por cualquier otra circunstancia que disminuya su aptitud física.
Otro grave problema es el corte de caminos y vías pecuarias, a veces ilegales, a veces consentidos por ayuntamientos y consejerías de medio ambiente. Pueden ser temporales, mientras dura una cacería, o permanentes, si además se ha instalado una puerta o una barrera sin indicaciones de que debe estar abierta y de que el tránsito es libre. En algunos casos, se han llegado a colocar en cotos de caza cables que han producido graves accidentes con bicicletas y caballerías. En Galicia y Toledo se han registrado estas situaciones, tanto en montes privados como en montes públicos que tienen cedida la caza a particulares.
Lejos de solucionar estos problemas, algunas administraciones han consentido y hasta autorizado que se cace en situaciones de falta de seguridad o que se cierren caminos, senderos o vías pecuarias, incluso dentro de espacios protegidos, como el Parque Nacional de Cabañeros o en el Parque Natural de Valle de Alcudia, ambos en Ciudad Real.
Por último está la caza el impacto de la caza sobre especies amenazadas, la utilización de artes de caza poco selectivas para el mal llamado “control de depredadores” que dañan significativamente la riqueza natural.
Estas si son actividades que requerirían de una mayor atención de las administraciones para garantizar los derechos de las personas que disfrutan de la naturaleza sin armas.»
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