Ningún otro sector como la sanidad ilustra de mejor manera los males que conlleva la política neoliberal. Parece que lo que para los ciudadanos ha sido un motivo de orgullo y el resultado de una lucha por los derechos sociales se ha convertido en los últimos años en un privilegio, por el que simplemente tenemos que estar agradecidos.
No podemos ignorar que nuestro sistema sanitario se enfrenta a problemas importantes. El envejecimiento de la población y el coste creciente de los nuevos medicamentos y tecnologías médicas son asuntos que ninguna política sanitaria seria puede obviar.
Estos problemas son la excusa para que desde los sectores neoliberales, encabezados por el Partido Popular, se repita el mantra de que el sistema no es sostenible y que sólo hay dos soluciones: la gestión privada (o directamente la privatización) o el copago. Pero ¿en qué se basan muchos de nuestros gobiernos autonómicos para defender la gestión privada de la sanidad? La respuesta es simple. No se basan en ningún dato objetivo, sino simplemente en su ideología, que tiende por naturaleza desmontar lo público.
Poco les importa que tanto los sindicatos médicos como los estudios realizados en otros países revelen que la gestión pública de la sanidad es más barata que la privada. Incluso los estudios (de dudosa fiabilidad) que plantean que el coste por paciente es menor en la sanidad privada, obvian factores tan importantes como que una gran parte del coste de los hospitales públicos deriva de que son ellos los encargados de la formación de nuevos profesionales.
Lo más paradójico del asunto es que la solución a los problemas de nuestra sanidad no pasa por un mayor papel del sector privado, sino por todo lo contrario. Gobiernos convencidos de la importancia de lo público pueden unirse para pactar mejores precios para los tratamientos con las farmacéuticas (en lugar de claudicar ante sus condiciones abusivas). Una verdadera apuesta por el I+D+i público puede llevar a avances puestos a disposición de todos y que repercutan en la mejora de la atención médica. Una mayor inversión en nuevas tecnologías en los hospitales públicos puede aumentar la eficiencia de los tratamientos y, a largo plazo, reducir los costes.
Y en última instancia, no podemos olvidarnos del punto fundamental de la cuestión. Una atención sanitaria universal, pública, gratuita y de calidad es fundamental para nuestra dignidad como sociedad. Todo el mundo, con independencia de su origen o situación administrativa, tiene que tener derecho a los tratamientos médicos que necesite. Si, después de todo, el sistema necesita de más recursos para mantenerse, la solución debería ser una reforma fiscal para que el Estado obtenga más recursos de quien más tiene y nunca restar derechos a quien más los necesita.
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