Una vez más el informe anual de Amnistía Internacional pone el dedo en la llaga de la evolución que están sufriendo derechos elementales en todo el mundo. El exhaustivo recorrido por la situación en los cinco continentes se detiene en España para advertir que la crisis económica que atraviesa España puede convertirse en una crisis de derechos humanos básicos.En este sentido Amnistía Internacional alerta sobre «el uso excesivo de la fuerza» para controlar las manifestaciones del 15M. La alerta está servida, y no debe pasar desapercibida. Las tácticas represoras se sofistican, y ahora se complementan con la persecución económica a los manifestantes: multa de hasta 600 € a quienes paseen sus reivindicaciones por la Puerta del Sol a deshora….o la detención selectiva de manifestantes y su encarcelamiento a posteriori, como ha venido ocurriendo con algunos sindicalistas después de la huelga general.
La alerta de Amnistía Internacional es especialmente relevante, ya que la trayectoria de esta organización en la denuncia a las agresiones contra los derechos humanos es intachable. La espiral de represión se agudiza con las proyectadas modificaciones en el Código Penal, para endurecer las penas por participar o convocar manifestaciones.
Si, como titula la editorial del informe «la calle toma el liderazgo», la respuesta de los poderes políticos debiera ser la de escuchar y no la de reprimir. Pero es pedir demasiado.
En todo caso, lo grave es que la represión de las movilizaciones lo que trata de ocultar es que la crisis económica, y las recetas que se están aplicando para combatirla, nos están arrastrando a una crisis mucho más grave de derechos: derecho a la educación, la sanidad, la alimentación, la libertad de expresión o manifestación.
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