El Fondo Monetario Internacional (FMI), poco sospechoso de radicalismo ecologista, ha advertido que la subida del precio del petróleo tiene visos de ser estructural. El aumento de la demanda, y la incapacidad de que la oferta pueda aumentar al ritmo que la demanda crece, hace previsible un aumento progresivo de los precios. Nada sorprendente para los que seguimos la cuestión energética, aunque lo novedoso es que lo diga el FMI.Establece el FMI varios escenarios sobre el posible impacto de esta subida en el PIB global. Aunque minimiza el efecto en el corto plazo, el impacto puede ser muy grande porque la tendencia no se va a corregir previsiblemente.
Uno de los efectos evidentes de esta situación es la transferencia de renta que se produce desde los países importadores (como España) hacia los exportadores. El impacto de las importaciones de petróleo en nuestra balanza de pagos es brutal, y con el petróleo a 120 dólares no hay expectativas de que la situación se corrija a corto plazo.
Llama la atención el actual silencio sobre esta cuestión de los que tanto criticaron el apoyo a las energías renovables. Pero a día de hoy, todo lo que en materia energética no sea impulsar las energías renovables y la eficiencia supone promover la transferencia de renta hacia los países exportadores. Tu dinero, en definitiva, se está yendo al Golfo Pérsico.
Entre las recetas a aplicar la más lógica es la de reducir el consumo de petróleo, y eso pasa necesariamente por adoptar medidas sobre todo en el sector transporte, el más dependiente del petróelo. En concreto las opciones pasan por maximizar el uso del ferrocarril, la sustitución de vehículos por otros más eficientes, reducir el uso del coche en la ciudad, el impulso al transporte público y colectivo. La paradoja es que todo ello requiere de inversión pública y las políticas de la UE nos llevan a recortar el gasto público.
¿Cómo salir por tanto de este callejón sin sálida? La respuesta pasa por priorizar la reducción de la dependencia del petróleo entre las políticas públicas, y su impulso desde todas las administraciones y con especial importancia las locales. El problema es que no parece la ciudadanía estar por la labor de dejar el coche – veáse la respuesta a los 110 km/h – ni los políticos a asumir la necesidad de romper la dependencia del petróleo. ¿Acaso están/estamos esperando a un nuevo batacazo para reaccionar?
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