La imagen de un Gadafi lanzando agresivas amenazas contra su propio pueblo ha puesto ante nuestros ojos el verdadero rostro de la sangrienta dictadura que ha sometido Libia en los últimos 42 años. La novedad hoy está en la salida del pueblo a la calle para hacer frente a la tiranía, más que en la actitud del mismo dictador. Pero en estos años de férrea dictadura han estado operando en Libia numerosas coroporaciones petroleras, entre ellas Repsol. En un tiempo en el que se habla tanto de la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), uno se pregunta si no deberían tomarse medidas drásticas contra las corporaciones que operan en países con regímenes dictatoriales y colaboran con dictaduras sangrientas. Las excusas de los habituales para no hacer nada contra estas empresas serán infinitas. Supongo que la más repetida sería aquella de «si otros lo hacen, por qué nosotros no». Y es evidente que un asunto así debiera ser regulado internacionalmente, y es ahí donde la propuesta se convierte en imposible, ya que serían los mismos gobiernos dictatoriales los que deberían aprobarla en el marco, por ejemplo, de Naciones Unidas.
El caso es que durante estos años, las corporaciones han operado en Libia, al igual que lo siguen haciendo en muchas otras dictaduras que se extienden por el mundo, y que no es necesario ni mencionar.
Por eso uno se pregunta si no estaremos entonces ante una enorme mentira con tanta historia de RSE, y tantas páginas y sesudos estudios dedicados al asunto. ¿Puede hablar de responsabilidad social una empresa que opera y obtiene beneficios en un régimen como el de Libia? ¿Debemos aceptarlo con normalidad? Pienso que no. Que esta situación que vivimos estos días expone en toda su magnitud el cinismo del sistema, y el doble lenguaje de las grandes corporaciones.
La pelota está en el tejado de esas empresas que deberían, cuando menos, demandar el respeto a los derechos humanos básicos en los países en los que operen. Claro que en muchos casos las agresiones a los derechos humanos las hacen precisamente para proteger los intereses de esas mismas corporaciones.
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