No es casualidad que, por quinto año consecutivo, España lidere el ‘ranking’ de países que incumple la normativa europea en materia ambiental. Hemos conocido el dato esta semana, y desde luego no es para estar orgullosos. La falta de interés por las políticas de protección ecológica ha sido una constante en nuestro país, pero ha llegado el momento de dar la vuelta a esta situación vergonzosa para España. Espero que el nuevo Gobierno se ponga cuanto antes manos a la obra para dar solución a los expedientes abiertos y, lo que es más importante, acelere la puesta en marcha de políticas preventivas en materia ambiental que eviten futuros daños.

Desde luego, fue la entrada en la Unión Europea en 1986 la que obligó a poner al día nuestra legislación ambiental, hasta entonces bastante ausente. Desgraciadamente, el incumplimiento de estas normas europeas nos aleja de tener unos niveles altos de calidad ambiental en algunos ámbitos, pese a ser el país europeo con una mayor riqueza biológica y una biodiversidad más rica.

Los ámbitos de incumplimiento de la legislación europea son diversos, pero destacan las cuestiones relacionadas con el agua: falta de depuración adecuada, explotación ilegal de pozos, ausencia de planes de prevención ante las riadas… El agua es un elemento clave para España. El clima semiárido de amplias regiones peninsulares lo convierte en un recurso tan imprescindible como escaso. Además, el  aumento de las temperaturas debido al cambio climático está reduciendo el caudal de nuestros ríos. Por ello es especialmente importante que la depuración de aguas residuales se haga adecuadamente, ya que la contaminación del agua impide su reutilización para otros usos.

En cuanto a la sobreexplotación de las aguas subterráneas, la situación es dramática y está afectando particularmente a algunos Parques Nacionales emblemáticos. Es el caso de las Tablas de Daimiel, que sigue bajo mínimos por la sobreexplotación del acuífero 23, o el de Doñana, amenazado por la proliferación de pozos ilegales para riego.

Otro ámbito de preocupación es el relativo a los residuos. Precisamente cuando vivimos el drama humano y ecológico del vertedero de Zaldibar, en el País Vasco, la UE nos recuerda que hay más de 1.500 vertederos incontrolados en la geografía española, y que es urgente poner solución a esta cuestión.

La alta contaminación en las grandes urbes españolas incumple los límites europeos. Precisamente por ello Madrid y Barcelona se vieron obligadas a tomar medidas. Si el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en Madrid no puede acabar con Madrid Central no es por su voluntad política de luchar contra la contaminación (que no la tiene), sino porque caería de inmediato una sanción europea por rebasar los límites establecidos.

También la incorrecta gestión de la conservación de algunas especies salvajes está en el punto de mira europeo. En concreto, los permisos de caza de la tórtola europea, una especie cuyas poblaciones están en lento pero imparable declive, son objeto de otra denuncia.

En algunos casos no será fácil ir solucionando las cuestiones apuntadas por la UE porque vienen de muchos años de desidia y abandono, pero urge que el Gobierno tome cartas en el asunto y actúe. Esta legislatura debe ser también una legislatura en verde que corrija el rumbo del deterioro ambiental en España.

[Artículo publicado en El Siglo de Europa]