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El blog de Juantxo López de Uralde

Etiqueta: cierre nuclear

Un año sin Garoña

El 1 de agosto del pasado año, el entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunciaba el cierre definitivo de la nuclear de Garoña. Atrás quedaban años de polémicas sobre qué debía hacerse con la central más vieja del parque nuclear español. Años también de intensas movilizaciones ciudadanas, que en los últimos tiempos, ante la inminencia de la decisión final, habían vuelto a alcanzar dimensiones notables, especialmente en Álava. Inaugurada por Franco en 1971, Garoña superaba ya ampliamente los 40 años de vida útil, aunque llevaba parada desde que en 2012 la empresa Nuclenor decidió unilateralmente su cierre a la espera de una decisión definitiva.

Detrás de la intensa discusión sobre Garoña a nadie se le ocultaba que estaba la del futuro de la energía nuclear en España; de hecho el propio Nadal argumentaba para justificar su cierre definitivo que Garoña se había utilizado «como símbolo de discusión política». En un año el marco de esa discusión sobre el futuro energético en España ha cambiado mucho, como consecuencia del inesperado giro político consecuencia de la moción de censura que desalojó de La Moncloa a Rajoy y su Gobierno.

En lo relativo al desmantelamiento pocas cosas han cambiado en este año. De momento no se conocen los planes de la empresa de residuos radiactivos (Enresa), que deben posteriormente ser validados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La central sigue en manos de Nuclenor, que es la responsable de su seguridad. Pero este tiempo tampoco ha estado exento de incidentes. Por ejemplo, en enero se produjo un incendio que solo se llegó a conocer cinco meses después de ocurrir. Así que una vez cerrada, y mientras el material radiactivo siga allí, Garoña sigue suponiendo un peligro latente del que no podemos olvidarnos sin más. Algunos medios han cuantificado en 345 millones el coste del desmantelamiento de la central burgalesa, para la gestión de una cantidad estimada de 7.200 toneladas de residuos radiactivos, en un proceso que en ningún caso terminaría antes de 2030.

Pero el problema del desmantelamiento y el del futuro del parque nuclear español se entrecruzan por la falta de fondos: aunque Enresa ha acometido con éxito el desmantelamiento de la nuclear de Zorita (cerrada en 2003, y ya en sus fases finales de desmantelamiento), lo cierto es que no tiene capacidad económica para abordar el desmantelamiento de nuevas centrales. Y el futuro del parque nuclear español se está convirtiendo en una patata caliente: las empresas eléctricas cada vez están menos interesadas en su continuidad. La propia Iberdrola, propietaria de la mitad del parque nuclear español, advertía hace unos días por la boca de su presidente, Sánchez Galán, de que «España puede cerrar las nucleares sin afectar al suministro».

Lo cierto es que los términos de debate energético se han alterado radicalmente con el cambio de Gobierno. La nueva ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ha anunciado que el actual Ejecutivo acometerá el cierre nuclear cuando las centrales cumplan 40 años, posición coincidente con la de Unidos Podemos, que aboga también por su cierre cuando las licencias actuales vayan venciendo. El problema ya no es de suministro eléctrico, que está garantizado al tener España una potencia instalada muy superior a la demanda máxima registrada. La cuestión más problemática es cómo acometer el desmantelamiento, cómo pagarlo y qué hacer con todo el volumen de residuos radiactivos generado.

Los residuos radiactivos siguen suponiendo un problema muy grave. En la actualidad los residuos de alta actividad se almacenan dentro del recinto de las centrales, en Almacenes Temporales (ATIs), que se han ido construyendo para tal fin. Los de baja actividad se acumulan en el cementerio de El Cabril, en Córdoba, pero que ya da signos de saturación. La construcción de un almacén centralizado (ATC) se encuentra paralizada. Aunque el proyecto de Villar de Cañas (Cuenca) debía estar listo en 2015, hace unos días se paró de forma casi definitiva.

La situación del parque nuclear español debe abordarse de forma urgente y conjunta. Las centrales envejecen y suponen cada vez un riesgo mayor para las personas y el medio ambiente. Es necesario articular un plan de cierre ordenado, que aborde tanto su sustitución por otras fuentes de energía, como los planes de desmantelamiento y su financiación. Es urgente también la elaboración de un nuevo Plan de Residuos Radiactivos vinculado a ese calendario de cierre, para tener una visión clara de la cantidad y peligrosidad de los residuos que deben almacenarse.

Pero Garoña no puede seguir esperando a que todas estas cuestiones se resuelvan, y debe avanzarse en su desmantelamiento. Es urgente que Enresa presente su plan para Garoña, y que este se ponga en marcha, teniendo en cuenta la necesidad siempre de anteponer la seguridad a cualquier otro criterio. Al mismo tiempo es imprescindible que los planes de reactivación económica propuestos desde las comarcas afectadas reciban el apoyo político necesario para impulsar alternativas a una central cuyo futuro es desaparecer del mapa dejando el mínimo rastro posible.

 

(Artículo publicado en El Correo de Álava)

¿De qué hablamos cuando hablamos de transición energética en España?

Los seis años de Gobierno del Partido Popular han supuesto un auténtico desastre para el medio ambiente en nuestro país. Las políticas contra-ecológicas que desarrolló el Gobierno de Rajoy se han llevado por delante las leyes ambientales que se construyeron a lo largo de los años democracia. Urge salir del túnel y construir las nuevas políticas ambientales que hagan frente a las grandes crisis ecológicas del siglo XXI: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

España es especialmente vulnerable al cambio climático, que está afectando ya a recursos claves para nuestra economía como la disponibilidad de agua, los recursos pesqueros o la fertilidad del suelo. El aumento de la desertificación amenaza especialmente amplias zonas del sur y sureste de la Península Ibérica. Los datos que hemos conocido sobre el nuevo récord de temperatura, registrado en Argelia hace sólo unos días, no dejan margen para el optimismo, y nuestra posición geográfica limítrofe con África debería ser una advertencia suficiente. En este contexto los años de inacción son inexplicables. Ahora hay que recuperar el tiempo perdido.

La lucha contra la crisis ecológica debe ser global, pero nada justifica que nuestro país con un enorme potencial en el desarrollo de las energías renovables se haya quedado parado durante casi una década, poniendo obstáculos al desarrollo de las energías limpias. En este tiempo España se ha desplomado en el ranking europeo de energías renovables, pasando del segundo lugar al decimosexto. Ahora hay que revertir esta situación.

Hasta aquí las malas noticias, ahora las buenas: si hay voluntad política y consensos suficientes muchas de las políticas que nos han traído aquí pueden revertirse. Esto es especialmente cierto en materia energética. Desde la entrada con fuerza de la energía eólica hace ya unos años, el mix energético no ha variado sustancialmente. Quizás el cambio más notable en los últimos años haya sido un aumento del peso del carbón en la generación eléctrica, que ha tenido como consecuencia el aumento de emisiones del 4,4% en 2017.

Parece haber un amplio consenso político sobre la necesidad de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Pero ese presunto consenso puede también ser un espejismo, ya que bajo ese título cabe casi todo, como hemos visto con la reciente presentación, por parte del exnegacionista del cambio climático Rafael Hernando, de una PL del Partido Popular. Es imprescindible que esa ley sea ambiciosa y contemple objetivos que vayan mucho más allá del mandato de la Unión Europea; que sea transversal y afecte a todos los sectores que tienen incidencia en las emisiones de gases: energía, transporte, edificación, agricultura y ganadería, industria y urbanismo; y que sea socialmente justa, desterrando la pobreza energética y apoyando modelos de transición social en las comarcas que se puedan ver afectadas por los cambios.

Desde mi punto de vista hay elementos imprescindibles que debe contener esa ley. En primer lugar el reconocimiento de que el actual mix energético sigue siendo inadecuado y que hay que avanzar hacia un modelo 100% renovable. A estas alturas seguir discutiendo la necesidad del cierre del carbón o de la nuclear, de la cual hoy Teresa Ribera ha confirmado el cierre tras 40 años de vida útil de las centrales, nos aleja de esa Transición Energética. ¿Decimos todos lo mismo cuando hablamos de transición energética? ¿Queremos llegar todos al mismo punto? Esto es lo primero que debemos clarificar. Llegar a un modelo renovable supone también apostar por una descentralización de la energía, por el acceso universal a la misma para todas las personas y por su democratización. Es un modelo opuesto al actual oligopolio que domina actualmente el mercado energético español, pero que es ecológicamente beneficioso, socialmente ventajoso y tecnológicamente posible. Eso sí, quizás no asegure asientos en consejos de administración.

Ahora el Gobierno del PSOE tiene la posibilidad de dar los pasos necesarios para ese cambio de modelo energético. El debate está abierto, pero es urgente actuar. Sabemos a dónde queremos llegar y sabemos cómo hacerlo. No perdamos más tiempo.

 

(Artículo publicado en eldiario.es)

Chernóbil, 32 años después

Las alarmas saltaron en el norte de Europa en los últimos días de abril de 1986, cuando se detectaron índices anormalmente altos de radiactividad. La Unión Soviética no había informado de que el 26 de abril el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, había saltado por los aires. Solamente cuando era imposible mantenerlo en secreto, el gobierno de la URSS tuvo que reconocer que había sufrido un grave accidente nuclear. El más grave que se había registrado hasta entonces, aunque no el primero. La memoria de Chernóbil se mantiene viva 32 años después, porque simboliza la cara más negra de la energía nuclear, la del accidente más grave posible.

El accidente de Chernóbil tuvo efectos devastadores. La nube radiactiva se extendió por toda Europa. En un primer momento tuvieron que ser evacuadas más de 120.000 personas de la zona afectada, pero todavía hoy la zona de exclusión de 30 kilómetros continúa deshabitada. En el momento de la explosión se produjeron 31 víctimas mortales, pero la cifra final es mucho mayor, ya que en la limpieza participaron entre 600.000 y 800.000 “liquidadores”, muchos de los cuales murieron sin ningún reconocimiento como victimas.  La cuestión de las víctimas ha sido objeto de un blanqueo para el lavado de imagen de este terrible accidente.

La historia que más me impresionó siempre de Chernóbil es la de los liquidadores. En las primeras semanas la URSS movilizó a decenas de miles de personas cuya función era entrar en la zona del accidente durante unos pocos minutos para echar arena en el reactor. Los primeros días lo hacían desde helicópteros, pero luego subían corriendo al techo del reactor, echaban la arena dentro y volvían corriendo. Se calcula que entre 600.000 y 800.000 personas hicieron ese trabajo. Es imposible cuantificar cuántas de ellas murieron por exposición a la radiactividad, pero sin duda fueron decenas de miles. Por eso no es admisible esos intentos de minimizar el número de víctimas. Debido a ese blanqueo de imagen, los liquidadores nunca han tenido ningún reconocimiento ya que de haberlo tenido habría que haberlos cuantificado como víctimas. Fueron héroes anónimos y silenciados para siempre.

Coincide este 32 aniversario con el anuncio del Gobierno español de alargar la vida de las nucleares hasta los 60 años. Se trata de una propuesta que olvida interesadamente que el riesgo de incidentes en las centrales nucleares aumenta progresivamente a partir del momento en que cumple el tiempo para el que fue diseñada. Las centrales nucleares son viejas, y cada vez tienen mayor número de incidentes. En la última comparecencia del Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el Congreso, quedó en evidencia el alto número de incidentes que sufren las centrales nucleares españolas. El récord se lo llevaba Cofrentes, con 10 incidentes en 2017, pero ninguna central nuclear se ha visto exenta de incidentes en los últimos años.

En contra de lo que defienden sus defensores, la energía nuclear no es limpia. Las nucleares producen residuos radiactivos con una larga vida y cuya gestión, hasta ahora fundamentalmente almacenamiento, sigue siendo un problema sin resolver. Además, Chernóbil está ahí para recordarnos las consecuencias de un accidente nuclear.  La energía nuclear no es una apuesta peligrosa, y el alargamiento de la vida útil de las centrales supone someter a las personas y al medio ambiente a un riesgo desde mi punto de vista inaceptable.

España cuenta con abundante energía renovable. Tenemos mucho sol y mucho viento, así que no tiene sentido que estemos sometidos al riesgo nuclear, ni a la quema de combustibles fósiles.  Chernóbil nos recuerda que el camino nuclear es un callejón sin salida.

 

(Artículo publicado en Ecologismo de Emergencia)

Fukushima 7 años después nos recuerda el riesgo nuclear

 

Se cumplen hoy siete años del accidente nuclear de Fukushima, en medio de los intentos infructuosos del Gobierno nipón para tratar de pasar página de la catástrofe. Los altos niveles de radiación en la zona, la incapacidad para controlar la situación y los vertidos radiactivos continuados al mar hacen que la pesadilla continúe.

La idea de que una catástrofe nuclear puede ser ‘limpiada’, y de que los afectados pueden retomar sus vidas con normalidad es un mito. La realidad es muy distinta: estamos ante escenarios de contaminación a muy largo plazo, y con consecuencias directas sobre la salud y el medio ambiente.

El levantamiento parcial el pasado marzo de las órdenes de evacuación de las localidades de Namie e Iitate, situadas entre 10 y 40 kilómetros de la central de Fukushima, se ha acabado convirtiendo en un escándalo. Con ello se pretende dar una imagen de normalización, pero según Greenpeace, la radiación continúa en niveles “muy por encima de los estándares internacionales”. De hecho, de los 27.000 habitantes de Namie e Iitate solo han regresado unos 950, un 3,5%, según datos del propio Gobierno de la prefectura de Fukushima. Cientos de habitantes de la zona se manifestaban ayer mismo protestando contra la medida del Gobierno japonés.

A pesar de los constantes intentos de minimizar su impacto, el efecto del accidente de Fukushima sobre la salud empieza a hacerse visible: el primer efecto esperado es el incremento de cáncer de tiroides en niños y jóvenes a partir del 3º-4º año del escape nuclear. Pues bien, el primer estudio epidemiológico publicado constata esa realidad: se ha encontrado un aumento del cáncer de tiroides en el área de Fukushima entre 2011 y 2014, que ya es 30 veces superior al resto de Japón.

En realidad, el intento de minimizar la imagen de catástrofe de los accidentes nucleares es una constante por parte fundamentalmente de la industria. Quizás el caso más sangrante fue el intento de dejar fuera de las estadísticas de víctimas de Chernóbil a los cientos de miles de “liquidadores” que participaron en los equipos que actuaron en los primeros momentos del accidente, y que se vieron gravemente afectados por la radiación.

Lo que es evidente es que Fukushima nos recuerda cada día que el riesgo nuclear sigue latente. Es necesaria una transición energética hacia un modelo limpio que prescinda de las nucleares y transite hacia la descarbonización. El reto no es fácil, pero es mucho lo que nos jugamos.

(Artículo publicado en Ecologismo de Emergencia)