En los últimos días se están produciendo movilizaciones de protesta por el alto coste de la energía en nuestro país. Según datos de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, una de cada diez familias españolas sufre lo que han denominado «pobreza energética», que definen como falta de recursos económicos para pagar la energía que necesitan. Esta situación agita el debate energético, y da lugar a inciativas como la reciente de OCU, para tratar de abaratar al consumidor el coste de la energía. Otras inciativas invitan al consumidor a bajarse la pontencia eléctrica contrada. En fin, que la gente se mueve tratando de reducir el coste energético.

El otro lado del debate es el de los costes de los distintos sistemas de producción de energía eléctrica. Antes de entrar en él, conviene recordar una vez más que hay una cuestión no abordada por el Gobierno: el alto coste que la importación de comsbustibles fósiles tiene para nuestro país, y para nuestra balanza de pagos. En 2012, España gastó 45.000 millones de euros en importar esos combustibles. No cabe duda que una política coherente debería buscar la fórmula para reducir esa abultada factura, y eso tendría consecuencias muy positivas para nuestro país y su economía.

La apuesta evidente por el sol y el viento, las energías renovables, se ve lastrada por un discurso acuñado en los últimos años que las responsabiliza del déficit de tarifa, por las primas que reciben del Estado. Pero,