Quien contamine, que pague (de una vez)

Al hilo del reciente informe de la OCDE que anima a aumentar en España la fiscalidad verde, es necesario hacer algunas consideraciones que, desde mi punto de vista, deben tenerse en consideración para valorar la situación actual y acometer una verdadera fiscalidad ecológica. Poner en valor principios como el manido Quien contamina, paga sigue siendo una asignatura pendiente, pero hacerlo con un objetivo meramente recaudatorio, sin una sólida justificación ambiental, sería un error grave.

No es de extrañar, como señala la OCDE, que España sea uno de las países de UE donde menos se recauda a través de ecotasas. Politicamente el Partido Popular ha rechazado la existencia misma de una crisis ecológica, y por tanto le sería muy difícil justificar unos impuestos que tratan de frenar un problema que no reconocen. En los pocos casos en que se ha intentado poner en marcha, los populares han hecho de las tasas ambientales, hasta conseguir acabar con ellas. Un ejemplo sonado fue el de el euro turístico en Baleares: se trataba de que todo turista que llegara a las islas debía abonar un euro como ecotasa que iría destinada a introducir mejoras ambientales en las isals. El Partido Popular lanzó una virulenta campaña contra ella, hasta que acabó con ella…y con el gobierno tripartito que la lanzó.

El PSOE tampoco ha sido gran entusiasta de la causa verde. De hecho fue sonado el escándalo contra la introducción del impuesto llamado céntimo verde en las gasolinas en su programa electoral. Directamente se cayó de su programa un impuesto que tasaba los combustibles sucios, y cuyo destino final era apoyar a las energías limpias.

Y es que el objetivo de una auténtica fiscalidad verde es promover instrumentos económicos y fiscales que ayuden al cambio de modelo, hacia una economía más verde. Se trataría, por tanto, de introducir reformas ambientales en los tributos ya existentes, y crear nuevos tributos que graven ciertas prácticas ambientalmente perjudiciales. Se perseguiría, por tanto, gravar las actividades más contaminantes, eliminar beneficios fiscales ambientalmente injustificables y bonificar las prácticas más sostenibles. Con ello se conseguiría una mayor internalización de los costes ambientales por parte de sus responsables (quien contamina, paga) que contribuya a una mejora ambiental y a una asignación más eficiente de los recursos.

Algunas propuestas de nuevos impuestos verdes podrían incluir: impuesto sobre la energía nuclear, sobre el vertido e incineración de residuos, sobre las bolsas de plástico de un solo uso, sobre el uso del vehículo privado en la ciudad o sobre los cambios de uso del suelo. En cuanto a bonificaciones a eliminar, la propia OCDE recomienda la eliminación de las ayudas al carbón por su enorme poder contaminante.

No cabe duda que España necesita una auténtica fiscalidad verde, pero para ello es imprescindible tener gobernantes conscientes de la gravedad de la crisis ecológica.